Pero la Fiscalía y las Cortes los dan de baja..
Llegó a nuestro buzón la carta de un militar que, por obvias razones, solicita mantener su nombre en el anonimato, pero de quien nosotros damos fe de su limpia trayectoria y su amor por Colombia.
Un amor que, no obstante, se empieza a convertir en amargura al observar que el ejército está siendo golpeado brutalmente y sus hombres encarcelados y enjuiciados sin más pruebas que testimonios de testigos comprados con dineros públicos; la mala fe del aparato judicial es evidente, salta a la vista.. pero el país asiste inerme y desamparado ante la dictadura de las Cortes que golpean con su martillo a Colombia mientras cortan con su hoz cualquier intento de protesta contra las arbitrariedades que se cometen desde el lugar donde debería imperar la justicia y que hoy, apenas es un remedo de un tribunal de la Inquisición dirigido por los Torquemadas modernos que cuentan con curitas como Giraldo, de Roux, y otros, como sus amanuenses y ejecutores.
Nos pregunta el oficial cómo es posible que el señor presidente de la República le haya exigido resultados a los oficiales del Ejército Nacional, y que hoy, cuando el narcotráfico les está pasando cuenta de cobro, ni el presidente ni el ministro de Defensa, ni los comandantes de las Fuerzas Armadas, hagan una defensa firme y justa. Justa, porque las “pruebas” que incriminan a los involucrados en la mayoría de los llamados Falsos Positivos, no pasan de ser –como ya se dijo- un manojo de infamias pagadas con maletines llenos de billetes, como bien lo denunció uno de esos falsos testigos acusando a la misma fiscal de haberle pagado ella directamente. Una verdadera infamia.
Las cuentas que hacen estos fiscales y jueces corruptos, es que el dinero que le entra al colectivo de abogados defensores de mafiosos, Alvear Restrepo, es que los ríos de dólares que llegan de afuera para financiar el oprobioso y desvergonzado espectáculo propio de malandrines con el poder judicial en la mano, esos dólares –repito- saldrán de las multimillonarias demandas que se interpondrán contra la nación, una vez el contubernio tenga éxito y se condenen a oficiales y soldados inocentes.
La Fiscalía, nos asegura el oficial en su carta, no solamente utiliza la compra de testigos, sino que se vale de acosamiento a los soldados y sus familias, les infunde miedo, los presiona, los persigue, los espía, los vigila y ejercen técnicas psicológicas de choque para que los soldados se derrumben y cometan errores en sus interrogatorios. Hasta los instan a que se inculpen aceptando las mentiras de la fiscalía a cambio de una rebaja de penas. ¡Qué terrible es caer en las garras de la mafia judicial…!
Lo que estamos viendo es una retaliación de la mafia narcotraficante que aún es dueña de un vasto sector del país. Tal y como lo dijo Mancuso en su momento, en el cenit de su carrera criminal: “Tenemos infiltradas TODAS las Cortes”.
Y no solamente las Cortes están infiltradas. La Fiscalía también lo está. Desde el Fiscal De Greiff, socio y amigo del presidente Samper y de los Rodríguez Orejuela, narcotraficantes del Valle, pasando por Alfonso Gómez Méndez, precandidato liberal a la presidencia y quien durante su nefasto paso por la Fiscalía le hizo favores a familiares y compadres suyos, miembros directivos de la guerrilla de las FARC. Sin olvidar, claro que no, al valluno Mario Iguarán, aficionado a los brujos, apoyador abierto de la subversión con un descaro tal que asistía a homenajes al comandante de las FARC, y también asistente fiel a iglesias “cristianas”, como la del masón Darío Silva. Durante la dirección de Mario Iguarán, la Fiscalía General de la Nación inició la más encarnizada persecución contra oficiales y soldados del ejército, y contra quienes se atrevían a denunciar públicamente la cacería.
Con todo esto, nuestro corresponsal se pregunta por qué el presidente Uribe no habla claro y contundente acerca del tema, y pide que se haga un juicio justo, con respeto al debido proceso y, claro, sin la compra de falsos testigos. Dice el oficial que nos escribe, que se están llevando a los oficiales y soldados a juicio, con solamente unas denuncias sin investigar ni corroborar.
Y no sólo se compran testigos –dice nuestro lector- sino que se entregan a los medios de comunicación copias de las denuncias sin probar y sin derecho a que los inculpados se defiendan. Los grandes medios de comunicación admiten que las copias de los procesos son entregadas a ellos por los mismos miembros de la fiscalía. Los medios hacen eco de la fiscalía y declaran culpables a los acusados sin que se demuestre esa culpabilidad. Se le violan sus derechos Constitucionales por parte del mismo aparato judicial. Y nadie dice nada al respecto.
Esta “guerra jurídica” estaba anunciada desde hace varios años. Pero ni los comandantes ni los ministros, ni los asesores se prepararon para ello. En cambio, se lavaron las manos en la pila pública, dieron declaraciones a la prensa y se olvidaron definitivamente de quienes libraron las batallas para defender la institucionalidad y la vida de todos los colombianos. Los abandonaron a su triste suerte.
Las familias de los oficiales y soldados implicados viven en medio del escarnio público. Pierden sus patrimonios mientras sus hijos son señalados en colegios y escuelas, evitados como si tuvieran lepra; conozco el caso de una pequeña niña de 9 años, hija de un coronel, a quien sus compañeras y profesoras del colegio le gritaron en la cara que su padre era un asesino.
¿Y qué hace el Estado para defender el derecho al debido proceso, y la vida y honra de las familias implicadas…? Nada. En cambio, a los criminales del M-19 los llenaron de lujos, becas, millones de dólares, embajadas y puestos diplomáticos, ministerios, gobernaciones, escoltas pagas con nuestro dinero, con el dinero de quienes esta caterva de asesinos secuestraron y masacraron. Por eso es que hoy vemos al coronel Plazas enjuiciado, humillado, vilipendiado, tratado como un criminal de lo peor por miembros del INPEC y de la Fiscalía, mientras los criminales de quienes él ayudó a salvarnos viven como zánganos pagos con nuestro dinero, responden lista en el Congreso, tienen ONG que demandan al Estado, tienen departamentos enteros y encima se dan el cínico gusto de hablar sobre Derechos Humanos. Ahí están Petro, Navarro, León Valencia, Carlos Franco y muchos más infames delincuentes amnistiados, viviendo como príncipes mientras sus vencedores son vejados. Estos bandidos, que fueron financiados con dineros del narcotraficante Pablo Escobar, nos hablan hoy de moral y ética. Y por muchos de esos facinerosos es que el pueblo colombiano, inculto y desmemoriado, ha votado para concejos municipales, gobernaciones y Congreso.
Entre tanto, nuestros héroes –porque lo son- están siendo expuestos ante la opinión pública nacional e internacional como si fueran ellos los hampones. Pero muchos sabemos que los verdaderos hampones son quienes los exponen como trofeo de guerra para demostrarnos a quienes los denunciamos que tienen el control de la justicia, y que la toga y el martillo pueden ser armas más letales que un fusil.
El mensaje que nos está enviando la Internacional Socialista narcotraficante, es que debemos callar o terminaremos como nuestros defensores: acusados protervamente.
El mensaje que nos está enviando la Internacional Socialista narcotraficante, es que no solamente ya tienen el control de la educación, sino ya se apoderaron de la justicia, algo que estaba planeado desde los años 30s y que fue ratificado como propósito en el Foro de Sao Paulo.
El mensaje que nos está enviando la Internacional socialista, es que pueden tener a congresistas como Piedad Córdoba, Luis Fernando Velasco, Gema López, Gustavo Petro, y demás del Polo, en su nómina, y que pueden hacer que el pueblo siga votando por ellos bajo el soborno de un puñado de billetes, o empujado por el cañón de un AK47 guerrillero. Lo que nos quiere mostrar, es que Chávez puede ser nuestro amo.
La gente se preguntará de dónde vienen las acusaciones en contra de nuestros soldados.
Es sencillo. Como primera medida, como ya lo dijimos, de testigos falsos comprados por la Fiscalía. Otros han sido acusados por la ONG del curita Javier Giraldo, impúdico amigo y compinche de guerrilleros. También, otros son acusados por medio de un informe del asesor para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Lo curioso del asunto, es que este asesor es nada más ni nada menos que un compañero de delito de Gustavo Petro, cuando estaban en la guerrilla. Se trata de Carlos Franco, guerrillero del M-19, amnistiado durante ese impúdico proceso. ¡Es evidente lo que sucede aquí…!
El informe éste, tiene la rúbrica del Mayor General del Ejército, Carlos Arturo Suárez Bustamante, y en él se evidencian errores garrafales de investigación y recolección de pruebas; es un informe que muestra que estudiantes de grado octavo lo podrían haber hecho mejor y más técnicamente. Un informe donde se evidencia una Fiscalía presurosa por inculpar recogiendo irregularmente pruebas. Un informe en el que se huele la mala fe y las ganas de condenar sin pruebas. Un informe perverso, maloliente y pútrido.
Por eso, el oficial que nos escribe asegura que para el país es más fácil condenar soldados inocentes que revolver la pestilencia de quienes los acusan. Él sabe que los grandes intereses que acusan a los Héroes de la Patria, son los mismos intereses de quienes nos han controlado por años: el narcotráfico.
Si ahondamos un poco, veremos que las zonas donde se presentaron estos pretendidos “falsos positivos”, son centros de siembra de amapola, coca o marihuana; zonas plagadas de laboratorios donde altos mandos impedían el accionar total del ejército. Miren.. averigüen de quién son las tierras sembradas de droga muerte.. Luego, dirijan sus miradas hacia los acusadores de los soldados inocentes. Se darán cuenta de lo que sucede aquí.
¿Qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos sin poder, influencias ni dinero…?
Tenemos el poder de la voz. Tenemos el poder del voto. No busquemos la solución tomando las armas como los criminales que hoy forman parte del Polo, el partido Liberal, la justicia y demás. Usemos nuestro poder votando, no por bandoleros amnistiados sino por personas que hayan demostrado con su vida y trayectoria que son gente de bien.
También, podemos enviar cartas de apoyo, estar pendientes de los procesos contra nuestros soldados, sacar con pinzas lo que nos informan los grandes medios y crear una red ciudadana de apoyo en información.
Así, es posible que podamos tener lo que el coronel Plazas Vega intentó salvar una vez: la Democracia. Una democracia que nuestros soldados han intentado defender y que hoy los tiene tratados como criminales por quienes sí deberían estar encarcelados.
Una democracia escurridiza, sí… pero posible
